Ayuntamiento del DN concederá contrato de RD$2 mil millones “por emergencia sanitaria” a empresas ADN Services y Disposición Sanitaria Capital
SANTO DOMINGO. -El Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) se prepara para adjudicar por la vía de la excepción y bajo el argumento de una “emergencia sanitaria nacional” un contrato de RD$2,652,966,847.96 a las mismas empresas que durante años han operado la recolección de basura en la capital: ADN Services Ltda. S.R.L. y Disposición Sanitaria Capital S.A. (DSC). La justificación: la supuesta inminencia de un colapso sanitario en la ciudad. El problema: la “crisis” nunca fue documentada, ni anunciada, ni notificada públicamente. Pero el dinero ya está en juego.
El Decreto 213-25: una urgencia sin antecedentes
El presidente Luis Abinader firmó el Decreto 213-25 el 16 de abril de 2025. En él se declara de emergencia nacional la contratación para la recolección, transporte y disposición de residuos sólidos en el Distrito Nacional, invocando el artículo 61 de la Constitución y la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, junto con su reglamento 416-23.
En teoría, se trataba de una medida preventiva ante una crisis sanitaria inminente. Pero ni el Ministerio de Salud Pública, ni el COE, ni la Alcaldía habían emitido alerta alguna. Tampoco existió una declaración de emergencia municipal ni se presentó informe epidemiológico alguno. Nadie en la ciudad había sido advertido de un peligro inminente. La basura seguía pasando.
El informe que llegó después del decreto
Paradójicamente, el informe técnico que justifica la emergencia fue emitido el 21 de abril de 2025, es decir, cinco días después del decreto presidencial. Esto convierte la cadena jurídica en una anormalidad institucional: se decreta primero, se justifica después.
El documento elaborado por la Unidad de Aseo Urbano del ADN cita deterioro en los caminos internos del vertedero de Duquesa, condiciones operativas adversas, lluvias, y averías en los camiones como los factores que imposibilitarían el funcionamiento normal del servicio. Se advierte que cambiar de proveedor traería demoras, y por eso se recomienda dejar las cosas como están. Literalmente.
Lo curioso es que se reconoce que se recogen diariamente unas 2,300 toneladas de basura, de las cuales 1,100 corresponden a las empresas que ahora se pretende adjudicar sin licitación. La solución que se plantea no es corregir o intervenir de manera puntual, sino otorgar un contrato por tres años con carácter de urgencia.
La licitación que existía… y fue enterrada
El 25 de marzo de 2025, casi un mes antes del decreto, el ADN envió una comunicación oficial al Ministerio de Medio Ambiente informando que tenía una licitación pública lista para ser lanzada. Los pliegos ya estaban redactados, el proceso previsto. Pero la Alcaldía decidió no avanzar. ¿La razón? El deterioro de las vías hacia Duquesa supuestamente impediría que empresas “serias” hicieran ofertas competitivas.
Es decir, no hubo una crisis, sino una decisión administrativa de no competir. Una medida que, en los hechos, disolvió la licitación pública sin derogarla formalmente.
¿Y la emergencia sanitaria?
La respuesta del Ministerio de Medio Ambiente, enviada el 27 de marzo, no declara emergencia alguna. Solo indica que el cierre técnico de Duquesa podría tardar entre 5 y 6 años y que las obras viales están en curso, sin fecha de terminación. Ningún organismo oficial validó la existencia de una crisis de salud pública. No hubo brotes, ni epidemias, ni vectores documentados. La “emergencia” fue, cuando mucho, de papel.
Los montos y los nombres
Según los documentos cargados en el portal de compras, el proceso actualmente está en etapa cerrada pero aún no ha sido formalmente adjudicado. Sin embargo, ya figuran los valores y las empresas a las que se asignará la contratación si el procedimiento continúa como está:
ADN Services Ltda. S.R.L. operará en las circunscripciones 1 y 3, por un monto de RD$1,680,106,847.96.
Disposición Sanitaria Capital S.A. (DSC) se encargará de la circunscripción 2, por un valor de RD$972,860,000.00.
Ambas empresas han operado con el ADN en ciclos anteriores. Son viejas conocidas. El contrato que se les asignará —si se formaliza— tendrá una duración de 36 meses, a pesar de que la emergencia fue declarada por apenas 60 días.
¿Dónde están los controles?
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) no ha emitido observación pública alguna. El decreto exige que el proceso sea electrónico y que se rinda informe tras su ejecución, pero no garantiza control previo ni fiscalización en tiempo real.
La maniobra ha sido impecable en su estructura formal, pero su justificación técnica y legal es frágil: no hubo catástrofe, ni pandemia, ni colapso. Solo hubo una decisión institucional de evitar la competencia, disfrazada bajo la legalidad de una excepción.
Lo que queda claro
En el fondo, el proceso revela una lógica de dependencia estructural, donde el cambio es un riesgo y la costumbre se convierte en norma. En lugar de promover una licitación abierta, el Ayuntamiento ha utilizado una figura jurídica extraordinaria, el estado de emergencia, para otorgar, por tres años y sin concurso, un contrato superior a 2,600 millones de pesos a las mismas dos empresas que ya estaban en el terreno.
La licitación finalmente fue publicada, sí. Pero no fue la pública original: fue la versión por excepción, diseñada a la medida de las condiciones previas, con nombres predefinidos, y con la velocidad que impone el calendario político-administrativo.
Hoy, ese proceso permanece cerrado, pendiente de adjudicación final, pero con todos los ingredientes de una historia que debe preocupar a quienes creen en la competencia, la transparencia y la planificación como pilares de la gestión pública.
Este reportaje se basa en documentos oficiales obtenidos por Panorama, resoluciones administrativas, decreto presidencial y comunicaciones entre el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Ministerio de Medio Ambiente.
