POLICIALES
Dictan coerción contra siete imputados de explotar a menores en fincas de arroz de Montecristi
SANTO DOMINGO.-La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de de Montecristi lograron la imposición de medidas de coerción contra siete personas imputadas de explotación laboral infantil en perjuicio de unas 14 víctimas que tenían trabajando en fincas de arroz.
Wilian Cabreja Pimentel, Juan Antonio Muñoz (Papito) y Richard Mora Tapia (Uribe) recibieron como coerción una garantía económica de RD$300 mil. Además, deben someterse al cuidado y vigilancia del Ministerio Público y presentarse ante la fiscalía todos los días 5 de cada mes por un período de seis meses.
En tanto que Ana María Alemán Zapata, Noel Tapia, Elvido Báez Sosa y José Miguel Arias Muñoz deberán someterse al cuidado y vigilancia del Ministerio Público y presentarse a este órgano de justicia todos los días 5 de cada mes por el mismo período.
La investigación establece que las víctimas, de sexo masculino, eran utilizadas para labores en fincas sembradas de arroz en corte, ubicadas en los municipios Castañuelas y Villa Vásquez, donde cumplían un horario de 6:00 de la mañana a 7:30 de la noche, recibiendo como pago RD$300 pesos diarios.
Contra los imputados el Ministerio Público pudo confirmar informaciones recibidas en el sentido de que utilizaban niños para recoger el arroz en caballos, de forma inhumana.
El Ministerio Público había solicitado al Tribunal de Atención Permanente la imposición de tres meses de prisión preventiva contra los procesados, tras obtener diversas evidencias que les vinculan a los graves hechos imputados, los cuales son sancionados por la ley con penas de 15, 20 y hasta 25 años de prisión, de acuerdo al comunicado.
La decisión fue adoptada por la jueza interina Javierca Antonia Gómez por los hechos imputados, que constituyen una violación a varios artículos de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), y la Ley 16-92, que crea el Código de Trabajo.
El tribunal dispuso un plazo de seis meses para que el Ministerio Público concluya la investigación sobre la explotación sexual de los menores, cuyas edades oscilan entre los ocho y 15 años.
