Periodista Carol Noroña huye por amenaza de muerte

BOGOTÁ, COLOMBIA – Las autoridades ecuatorianas deben minuciosamente investigar una amenaza de muerte contra Karol Noroña, llevar ante la justicia a los responsables y asegurar que los grupos criminales no interfieren con el trabajo de la prensa del país, declaró el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) el martes.

El 24 de marzo, Noroña, una periodista para el sitio web de noticias independiente con sede en la ciudad de Quito, GK, se reunió con una fuente que le avisó que el líder de un grupo dedicado al tráfico de estupefacientes había amenazado con matar a la periodista, debido a sus reportajes sobre el crimen organizado y la violencia en las cárceles ecuatorianas, según informe noticieros e Isabela Ponce, la Directora Editorial de GK, quien se comunicó con CPJ a través de una aplicación para el envío de mensajes.

Dentro de 24 horas, Noroña huyó del Ecuador, dijo Ponce.  Rehusó proporcionar más detalles sobre la naturaleza de la amenaza, para proteger a Noroña y a sus fuentes.  “El plan, es que permanezca fuera del país, hasta que se pueda garantizar su regreso seguro”, afirmó Ponce.

Ponce le dijo a CPJ, que GK aún está en proceso de tomar una decisión de si entablar o no una querella criminal ante la Oficina del Procurador General, en parte porque Noroña ha reportado sobre cómo algunos supuestos traficantes de drogas ylíderes de maras pueden haber recibido tratamiento suave de dicha institución.  La Oficina del Procurador General en la ciudad capital de Quito no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios enviada por CPJ a través del correo electrónico.

“Las autoridades ecuatorianas deben investigar quiénes están detrás de las amenazas contra la periodista Karol Noroña y asegurar que puede regresar a Ecuador y trabajar de manera segura”, señaló Carlos Martínez de la Serna, Director de Programa de CPJ en la ciudad de Nueva York.  “Es esencial que las autoridades ecuatorianas respondan con celeridad a las amenazas y el hostigamiento contra los periodistas, y que creen un ambiente en el que puedan realizar su trabajo de manera segura”.

Noroña informa sobre el crimen organizado y sobre las cárceles atiborradas del Ecuador, que en los años recientes han sido los escenarios de motines letales que han matando a centenares de prisioneros.  En marzo, ella informó sobre la tentativa de homicidios contra la directora de la cárcel de mujeres en Guayaquil, la ciudad más grande del Ecuador, y entrevistó a presos(as) sobre la alta de tasa de homicidios dentro de las cárceles.

En una declaración, GK designó la amenaza contra Noroña “otro ejemplo de la crisis de seguridad, y de la penetración del tráfico de drogas en el país, que afecta a todo sector de la sociedad”.

El 3 de abril, el grupo defensor de la prensa libre con sede en Quito, Fundamedios, declaró en su informe trimestral, que el caso de Noroña era el más reciente en una serie de amenazas por parte de grupos criminales contra periodistas ecuatorianos(as), que estaban silenciando a la prensa del país.  Entre otros hechos:

• El 19 de marzo, la estación digital Vinces TV en el pueblo sureño de Huaquillas, acabó su cobertura de la policía y del crimen  y cambió a un formato de noticias comunitarias y de entretenimiento, tras recibir amenazas de grupos criminales.  Una declaración de Vinces TV el 19 de marzo, revisada por CPJ, afirmó: “En un país que no garantiza la seguridad de los y las periodistas, es imposible reportar las noticias en plena libertad”.
• También en marzo, carta bomba fueron enviadas a cinco periodistas de televisión y de radio, una de las cuales explotó e hirió levemente al periodista.
• Las autoridades continúan investigando el origen de las bombas.
• A lo largo de varios días a principios de febrero, José Luis Ojeda, el gerente general de la estación televisiva y radial independiente en línea Antena 7 en la ciudad sureña de Loja, recibió siete llamadas telefónicas de dos maras criminales, que lo amenazaron con hacer daño a una de sus hijas, a no ser que él les pagara US$5.000, según informe y Ojeda, quien se comunicó con CJP a través de una aplicación para el envío de mensajes.  Ojeda dijo, que recibió la amenaza de extorción después de que Antena 7 informó sobre la minería ilícita de oro en la región, y sobre la influencia del dinero proveniente del comercio de estupefacientes en la política local.

CPJ no ha recibido una respuesta de la Oficina del Procurador General en Quito, a su correo electrónico sobre estos casos.  Una delegación de CPJ viajará a Quito la semana entrante para reunirse con periodistas y editores locales, miembros de la Asamblea Nacional y autoridades, incluso el Presidente Guillermo Lasso, para evaluar las condiciones de la libertad de prensa.