No hay plazo que no se cumpla

Por Néstor Estévez

No hay plazo que no se cumpla. Por allá por 2003, hace veinte años, cuando Centroamérica y Estados Unidos negociaban un tratado de libre comercio, al que luego se adhirió República Dominicana, razón para que pasara a conocerse como DR-CAFTA, por sus siglas en inglés, celebrábamos la capacidad de nuestros negociadores y las oportunidades que aquello representaría para nuestro país.

A esas celebraciones le siguieron otras relacionadas con “aumento en la producción”, “aumento en la productividad”, “cosechas records”, “autosuficiencia”, entre otros hitos.

Y no es que estuviera mal celebrar, lo lamentable es que el tiempo ha pasado sin que hayamos sido conscientes de todo lo que ha seguido cambiando y de las complejidades que han venido a caracterizar la nueva realidad.

Ahora, ante la inminente cercanía de un plazo crítico, se gestiona una solución anticipada al impacto económico que tendría la desgravación arancelaria total que se aproxima para el arroz importado desde Estados Unidos, a partir del 2025.

Pero una cosa es gestionar y otra, no necesariamente coincidente en términos de resultados, es lo que pueda asumir la contraparte, que en este caso es más de una parte: es cada país firmante del DR-CAFTA. Por lo pronto, ya el Gobierno de Estados Unidos ha hecho saber al país que “no apoya la reapertura o renegociación del compromiso de acceso al mercado” bajo el referido tratado de libre comercio.

En seguimiento al calendario pautado, la actual tasa arancelaria está en 23.76 %, en 2024 bajará a 11.88 %, y a partir del 2025, el arroz importado desde Estados Unidos entraría al mercado dominicano sin arancel. Por lo tanto, como es lógico entender, el temor de los productores dominicanos se manifiesta de muy diversas maneras.

¿En qué, en dónde o en quiénes cifrar la confianza? ¿En la capacidad de nuestros negociadores? ¿En la indulgencia de la contraparte? ¿En la posibilidad de lograr una ampliación del plazo? ¿En el azar? ¿En “alguna viga” que se desprenda?

En la República Dominicana, como en la mayoría de los denominados países en desarrollo, se ha dependido durante mucho tiempo del sector rural. En nuestro caso concreto, aquel país básicamente rural de hace algunas décadas dista bastante de la realidad actual. Aun así, además de que la agropecuaria sigue siendo un área de alta importancia estratégica, otras muchas actividades convierten a la zona rural en espacio para una gran diversidad de oportunidades que viabilizan sustento, fuente de empleos y hasta generación de divisas.

Esas oportunidades van apareadas con importantes niveles de complejidad. En ese ámbito destacan los flujos migratorios. Hace cuarenta años República Dominicana, además de seguir siendo considerado un país eminentemente agrícola, contaba con la mitad de la población en la zona rural. Hoy, según el Instituto Nacional de Migración, no solo se tiene menos de un 18% de habitantes en el campo, sino que la producción agrícola depende en más de un 90% de mano de obra extranjera.

El Banco Central revela que la agricultura dominicana sólo emplea al 8.7% de la población ocupada, y que, de ese bajísimo número, el 86.6% trabaja de manera informal. Quizás por ello, renglones como el ecoturismo son lo más cercano que han encontrado quienes antes se dedicaban a labores agrícolas tradicionales.

Ante semejante cuadro vale hacerse algunas preguntas. ¿Servirá esto para que entendamos la imperiosa necesidad de superar el inmediatismo? ¿Nos animaremos a afrontar la urgente necesidad de impulsar reales cambios en la mentalidad de quienes han de incidir en las transformaciones de que precisa nuestro país? ¿Contaremos, por fin, con reales disposiciones para construir los consensos que necesita la sociedad dominicana?

Ante semejante cuadro podemos seguir distraídos o asumir responsabilidades. Si se escoge lo segundo, ello implica priorizar acciones orientadas a mejorar la competitividad del campo y sus pobladores, como sujetos activos, y no como simples beneficiarios. Así se lograría auténtico desarrollo y bienestar.

Si hiciéramos caso a compromisos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de Naciones Unidas, o a la Estrategia Nacional de Desarrollo, de República Dominicana, las decisiones y las acciones relacionadas con temas fundamentales estarían signadas por la construcción de reales consensos en torno a renovada visión, y así lograríamos verdadera mejoría de vida en la República Dominicana.