CEBAMDER denuncia: Shell y Haina Investment pretenden, con el apoyo del BID, convertirse en «guardianes» del Parque Manglares Estero Balsa tras los daños denunciados en su playa

Por Frank Valenzuela

MANZANILLO. — El Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER) denunció que las propuestas para atender los daños socioambientales atribuidos al proyecto energético de Manzanillo, ejecutado por el consorcio Manzanillo Gas & Power, no demuestran una reparación proporcional a las afectaciones denunciadas por las comunidades.

Su presidente, Frank Valenzuela, reclamante en el expediente MICI-CII-DR-2026-0266, dirigió una alerta internacional al directorio ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a los gobiernos representados en ese organismo, con copia a BID Invest y al Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI). Exigió revisar la actuación institucional, los compromisos ambientales y sociales y el presupuesto destinado a prevenir y atender los impactos del proyecto.

Valenzuela cuestionó que las empresas vinculadas al proyecto, entre ellas Shell Gas & Power Development, Haina Investment Company (HIC) y Energía de las Américas (ENERLA), pretendan convertirse en «guardianes» del Parque Nacional Manglares de Estero Balsa mediante un denominado Plan de Manejo, después de los daños denunciados en su entorno y en Playa Estero Balsa.

Cuestionó que se anuncien US$50,000 anuales para el manejo del parque, equivalentes a US$4,166.67 mensuales o aproximadamente US$136.99 diarios, sin demostrar que esa cantidad cubra las necesidades reales de conservación, vigilancia y restauración ecológica.

Exigió publicar el presupuesto original, los objetivos del plan, las actividades financiadas, la duración de los aportes y los indicadores de recuperación ambiental, así como determinar si esos recursos son adicionales o si se pretende presentarlos como cumplimiento de obligaciones ambientales preexistentes.

El presidente de CEBAMDER también cuestionó la propuesta de entregar dos botes y dos motores a una asociación ecoturística integrada por 21 miembros, frente a las afectaciones denunciadas por ese sector productivo.

Exigió una valoración económica independiente que determine las pérdidas de ingresos, la reducción de oportunidades productivas y el costo de recuperar la actividad turística, así como la suficiencia de los equipos y recursos ofrecidos. «Entregar una cantidad tan limitada de equipos no demuestra que se haya resarcido el daño al sector ni que se hayan restablecido los medios de vida de las comunidades», sostuvo. Afirmó que las medidas deben responder a la magnitud de las afectaciones y contribuir efectivamente a recuperar la capacidad productiva, sin sustituir una evaluación integral por aportes cuya proporcionalidad no ha sido demostrada.

Valenzuela cuestionó el funcionamiento del MICI y reclamó que el Directorio del BID explique si este mecanismo responde efectivamente a las denuncias comunitarias o si su actuación corre el riesgo de legitimar propuestas económicas empresariales sin establecer previamente la magnitud de los daños.

Acusa a funcionarios del MICI de actuar como «príncipes herederos de Dubái en el Caribe insular», al defender posiciones de privilegio empresarial en detrimento de las comunidades afectadas de Manzanillo.

El dirigente denunció la desigualdad entre un consorcio respaldado por consultoras y especialistas internacionales y las organizaciones comunitarias, que reclaman asistencia técnica independiente para evaluar los impactos ambientales, económicos y territoriales.

Exigió examinar las actuaciones institucionales y garantizar la independencia, la transparencia, la participación comunitaria y una rendición de cuentas que no convierta el diálogo en aceptación de ofertas insuficientes.

El reclamante pidió a Alemania, Países Bajos, Suiza, Brasil, México, Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Noruega, Portugal, España y Suecia, así como a las demás representaciones del directorio ejecutivo del BID, revisar los antecedentes de aprobación del financiamiento y las condiciones ambientales y sociales de la operación. Solicitó identificar, mediante registros oficiales, las observaciones, decisiones y posiciones de cada representación, sin atribuirles posturas que no estén documentadas.

También reclamó investigar si las medidas propuestas corresponden a los compromisos y presupuestos originales para prevenir, corregir y restaurar los impactos.

Sostuvo que la responsabilidad de los gobiernos representados no debe limitarse a aprobar operaciones financieras, sino que debe incluir el examen de sus consecuencias ambientales y sociales y de la respuesta institucional ante las comunidades afectadas.

Valenzuela afirmó que un proyecto cuya inversión se estima en más de US$1,700 millones debe ofrecer respuestas proporcionales a los daños denunciados en un municipio de aproximadamente 10,000 habitantes. Reclamó publicar las partidas originales para prevención, conservación, restauración ecológica y resarcimiento productivo, así como las modificaciones presupuestarias y los gastos ejecutados.

Señaló que la estructura financiera divulgada incluye aproximadamente US$902 millones, con US$125 millones vinculados a BID Invest y US$777 millones movilizados mediante financiación adicional, y pidió aclarar cómo se relacionan esos recursos con las obligaciones ambientales y sociales.

Exigió identificar documentalmente a los bancos participantes, publicar las asignaciones presupuestarias y explicar cuánto se destinó a prevenir y reparar los impactos, qué obligaciones siguen pendientes y cuáles fueron los resultados obtenidos.

CEBAMDER presentó diez exigencias para una revisión internacional:  evaluación independiente de los daños ambientales, económicos, productivos y territoriales; divulgación de los presupuestos ambientales originales, sus modificaciones y los gastos ejecutados; valoración del costo integral de restauración de Playa Estero Balsa y del ecosistema de manglares; justificación técnica y económica de los dos botes, los dos motores y los US$50,000 anuales;  auditoría del cumplimiento de las políticas ambientales y sociales de BID Invest; explicación del expediente MICI-CII-DR-2026-0266 y de la procedencia de la Verificación de la Observancia;  revisión de medidas correctivas, cuando corresponda, ante posibles incumplimientos; participación comunitaria con asistencia técnica independiente; publicación de indicadores, plazos y mecanismos independientes de seguimiento; y  respuesta escrita que identifique a los responsables institucionales, las decisiones adoptadas y las actuaciones previstas.

Valenzuela afirmó que su retiro de la mesa de consulta no constituye desistimiento del reclamo ni aceptación de las propuestas empresariales. Exigió que el MICI determine formalmente las vías disponibles para examinar las alegaciones de daño y posible incumplimiento, incluida la eventual Verificación de la Observancia conforme a las normas aplicables, y pidió al Directorio del BID evaluar las medidas correspondientes.

Sostuvo que las comunidades no pueden quedar en desventaja frente a empresas con una capacidad financiera y técnica considerablemente superior mientras se discuten las consecuencias de una inversión multimillonaria. «Manzanillo no puede convertirse en un precedente en el que se financian proyectos multimillonarios, se denuncian daños territoriales y, finalmente, las comunidades quedan sujetas al presupuesto que las propias empresas deciden ofrecer», concluyó.