Fiscalía española cierra el caso contra Julio Iglesias por agresiones en RD y Bahamas al declararse “incompetente” para juzgarlo
El Ministerio Público argumentó falta de jurisdicción territorial para investigar las denuncias de trata y abuso sexual interpuestas por dos exempleadas, sin entrar a valorar el fondo de las graves acusaciones
SANTO DOMINGO. – La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España decidió archivar este viernes las diligencias abiertas contra el cantante Julio Iglesias, tras la denuncia presentada por dos ex trabajadoras del hogar que lo acusaban de trata de personas, maltrato laboral y agresiones sexuales presuntamente cometidas en sus residencias de la República Dominicana y las Bahamas.
El órgano judicial fundamentó su decisión exclusivamente en la falta de jurisdicción. Según el dictamen, los tribunales españoles no tienen competencia para investigar los hechos, ya que estos no ocurrieron en suelo español ni cumplen con los supuestos legales excepcionales que permitirían a la justicia de ese país asumir la causa, a pesar de la nacionalidad del artista de 82 años.
El Fondo de la Denuncia
El archivo del caso no implica una valoración sobre la veracidad de los testimonios. La denuncia, respaldada por la organización Women’s Link Worldwide, detallaba episodios ocurridos entre enero y octubre de 2021. Las demandantes, identificadas bajo los seudónimos de «Rebeca» y «Laura», alegaron haber sido víctimas de un esquema de servidumbre, acoso sexual y condiciones laborales abusivas desde el momento de su contratación.
El escrito legal también señalaba a varias encargadas de las mansiones del intérprete en el Caribe como presuntas «colaboradoras» en la red de explotación.
Impacto Mediático y Legal
El escándalo estalló públicamente el pasado 13 de enero tras una investigación periodística de ElDiario.es y Univisión, que expuso los testimonios de las mujeres. Aunque las abogadas de las víctimas solicitaron medidas de protección ante el temor por su seguridad dada la influencia del cantante, la decisión de la Fiscalía cierra la puerta a un proceso penal en España.
Hasta el momento, no se ha confirmado si las denunciantes procederán a elevar la querella ante los tribunales de la República Dominicana o las Bahamas, territorios donde habrían ocurrido los ilícitos.
