Prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros 6; 3 con arresto domiciliario y juez declara caso complejo
SANTO DOMINGO. – En una audiencia matizada por la alta tensión de manifestantes en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso este domingo 18 meses de prisión preventiva contra siete de los 10 imputados, incluyendo Santiago Hazim, principal acusado en la red de corrupción que habría estafado al Estado dominicano a través del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) por un monto de RD$15,900 millones.
La decisión judicial se produjo luego de que el magistrado llegara tres horas y cinco minutos tarde a la audiencia, generando expectativa entre los manifestantes, quienes se concentraron en los alrededores del Palacio de Justicia desde horas de la tarde para exigir que los imputados fueran enviados a prisión. La protesta estuvo marcada por consignas y la presencia de diversas organizaciones sociales y figuras públicas.
En la misma audiencia, el juez concedió arresto domiciliario a tres imputados: Cinty Acosta, Heidy Mariela Medina y el empresario Eduardo Read Estrella, quienes admitieron los hechos. El resto de los acusados, incluyendo a Hazim, seguirá cumpliendo prisión preventiva. Además, el juez declaró el caso complejo, dadas la magnitud de los hechos y la cantidad de pruebas presentadas.
Los imputados a los que les fue impuesto 18 meses de prisión preventiva en Najayo son Santiago Marcelo Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Mientras tanto, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo recibieron arresto domiciliario, con impedimento de salida del país, y en el caso de Acosta y Pineda Perdomo, además, se les impuso una garantía económica de 100,000 pesos cada una.
El Ministerio Público presentó un voluminoso legajo probatorio que incluye más de 138 pruebas documentales y más de 35 pruebas testimoniales y periciales, con el objetivo de demostrar la participación de los imputados en una estructura de corrupción que afectó a más de siete millones de afiliados de bajos recursos. Entre las irregularidades detectadas, se mencionó a un paciente sometido a más de cinco procedimientos de cateterismo innecesarios, con fines monetarios.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, calificó los hallazgos como “absolutamente criminales” y señaló que se investiga si la sobreexposición médica podría haber causado la muerte de algún paciente. Por su parte, el imputado Santiago Hazim alegó padecer pérdida parcial de la visión por esclerosis múltiple, pero el Ministerio Público indicó que ningún médico forense acreditó su condición de salud, considerada por la defensa como argumento para evitar la prisión preventiva.
