Desafío regulatorio del sector eléctrico dominicano

Por Marco Tezanos

En fecha 16 de marzo de 1998, fue dictado el Decreto No. 118-98, que crea la Superintendencia de Electricidad como un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio (SEIC), en la entrada en vigencia de la Ley General de Electricidad No.125-01, promulgada en fecha 26 de julio de 2001, la Superintendencia de Electricidad pasó a convertirse en una institución descentralizada del estado dominicano con personalidad jurídica de derecho público, con patrimonio propio y capacidad para adquirir bienes, ejercer derechos y contraer obligaciones, al amparo de las disposiciones del Artículo 8 de la citada Ley.

Por consiguiente, la SIE constituye el ente regulador del subsector eléctrico dominicano, llamada a fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y la normativa técnica aplicable en dicho subsector, en relación con el desarrollo de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, así como establecer las tarifas y peajes sujetos a regulación de precios, cuyo objetivo es garantizar la prestación del servicio público de electricidad conforme lo establecido en el Artículo 147 de la Constitución de la República y cumplir con estándares de seguridad, calidad, eficiencia, objetividad, transparencia y costos de la energía en la República Dominicana.

El tema del suministro eléctrico constituye el principal reto para el desarrollo y transformación que impactan en lo social y económico de nuestro país. El Estado, responsable de la generación, distribución y comercialización de la energía, y mantener un clima social y de competencia aceptable, en el marco de las políticas del gobierno y de las finanzas públicas, asume la ineficiencia de un sistema energético, en procura de iniciar el proceso de colocar al sector de la electricidad en una trayectoria sostenible a largo plazo.

La Estrategia Nacional de Desarrollo, en su eje estratégico, como objetivo general postula: “Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global”.

Por consiguiente, las políticas estatales deberán estar orientadas en ofrecer al sector eléctrico la mayor atención posible, que persiga el bienestar y progreso como bandera prioritaria en la adecuada obtención, desarrollo y uso sustentable de fuentes energéticas para todos sus ciudadanos.

En la actualidad, el sector eléctrico dominicano se enfrenta a un aumento constante en la demanda energética, cuyas proyecciones reflejan que en los próximos años será aún mayor.

En la misma se manifiesta principalmente una falta de planificación institucional, gestión y operatividad, que no promueve y fomenta una cultura de responsabilidad ciudadana y empresarial de eficiencia energética, mediante la inducción a prácticas y planes estratégicos de acción, en búsqueda de un futuro sustentable.

Es de suma importancia, la continuidad y promoción en la atracción de la inversión en energías de fuentes renovables (en la medida de las posibilidades), que permitan avanzar hacia la diversificación de la matriz energética, que no nos haga depender en gran medida de los combustibles fósiles u otras fuentes como gas natural y carbón y a la vez de la incorporación de nuevas tecnologías que contribuyan al desarrollo del sector energético.

Un sector de gran dinamismo y constante crecimiento como es el eléctrico, no podría avanzar si las condiciones regulatorias, normativas y legislativas, si no están en consonancia y acorde con la transparencia y la institucionalidad.

Con la firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, en fecha 25 de febrero del 2021, se asumieron una serie de compromisos y responsabilidades regulatorias, propiamente normativos y fiscalizadores que establecen plazos y objetivos claros de las tareas a desarrollar.

En dicho Pacto se integra la figura del Comité de Seguimiento y Veeduría del Pacto Nacional, quien es el responsable de dar seguimiento a la ejecución de las acciones derivadas para el cumplimiento de los compromisos del Pacto Eléctrico, verificando el cumplimiento e implementación de los acuerdos, la detección de posibles retrasos, y presentando los informes de los resultados al pleno del Consejo Económico y Social, con las recomendaciones de ajustes en la planeación según se entienda pertinente; como indica el mismo documento.

En ese orden, aquí señalamos algunas posibles sugerencias y recomendaciones que fortalecerían el tema regulatorio, en las áreas de generación, distribución y comercialización del subsector energético:

Reformas del marco normativo del sector. Revisión y actualización de algunos artículos de la Ley 125-01 y 57-07 (reglamento y normativa), consensuados con los demás actores del sistema.

Fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector eléctrico, para asegurar el establecimiento de tarifas competitivas y fomentar la inversión y el desarrollo de libre competencia del sector.

Impulsar en la generación eléctrica, la aplicación rigurosa de la regulación medioambiental, orientadas a la adopción de prácticas de gestión sostenibles y mitigación del cambio climático.

Promover una cultura ciudadana y empresarial de eficiencia energética, mediante la inducción a prácticas de uso racional de la electricidad, y la promoción de la utilización de equipos y procesos que permitan un menor uso o un mejor aprovechamiento de la energía.

Apoyar la mejora de la gestión operativa mediante la implementación de nuevos sistemas de software: Desarrollar iniciativas para el mejoramiento y la adición de herramientas tecnológicas de apoyo a los procesos operativos. Y simplificar los procesos integrando soluciones tecnológicas homologadas que aseguren la productividad sobre modelos normados de ejecución e inteligencia de negocios.

Definición de los cuadros tarifarios con las ecuaciones que permitan la transición hacia la tarifa técnica, eliminado las discriminaciones y promover la equidad tarifaria, mediante los estudios tarifarios correspondientes como indica el LGE según el artículo 24 literal (a) de acuerdo con la metodología descrita de los artículos 111 al 116 de la Ley Núm. 125-01.

En relación con el tema de los subsidios, la estrategia a seguir y que ha sido incorporada a la agenda regulatoria, contempla, transparentar los subsidios cruzados y la focalización de estos por parte del gobierno.

Revisión y modificación del reglamento de licitaciones de compra y venta de energía mediante contratos de largo plazo.

Auspiciar reformas e iniciativas para el sector de las renovables.

Incluir los equipos de almacenamiento de energía como son las baterías, que son utilizadas en los procesos de generación eléctrica en el régimen de exención del listado de equipos del artículo 9 de la Ley 57-07 sobre energías renovables.

Cumplimientos de manera gradual de los indicadores de calidad de servicio comercial, técnico y de producto de las empresas distribuidoras, con el pago de compensaciones que se exigirá de manera escalonada en el transcurso del período de transición.

Concitar el apoyo de la ciudadanía mediante campañas de concientización sistemáticas que ayuden a erradicar la cultura del fraude establecida en el país desde hace décadas.

Fortalecimiento de la normativa contra el fraude, año 2007, y aplicación de Instrumentos normativos emitidos por la SIE relativos al fraude eléctrico Gestión efectiva en el hurto de energía y consecuencias en el incumplimiento de responsabilidades.

La ventanilla única para procesos de permisología y concesiones del sector eléctrico.

Estas entres otras recomendaciones facilitarían el fortalecimiento del sector eléctrico, al tiempo que surgirán muchas otras medidas que podrán ser puesta en práctica en función de las necesidades que se requieran; que haga posible un régimen regulatorio efectivo y transparente, de sana competencia, promoviendo la eficiencia y la protección de los intereses de los consumidores; siempre contando con el recurso más importante como es el humano, ya que nuestro país existen expertos y personal capacitado para implementar dichas acciones para el beneficio del pueblo dominicano.