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Se complica la calidad de vida de la diáspora dominicana en Puerto Rico

Coincidieron, así, con los hallazgos del estudio Perfil, Situación Actual y Aspiraciones de la Población Dominicana en Puerto Rico, de 2022, comisionado a la firma Estudios Técnicos por United Way, que muestran la falta de acceso a seguros de salud y que uno de los factores que imposibilita la educación son los conflictos de horario entre trabajo y jornada escolar.

El estudio fue presentado a EL VOCERO por un equipo de United Way, encabezado por su presidente Samuel González y los investigadores de Estudios Técnicos Anitza María Cox Marrero y Rafael Arroyo.

“Si van a buscar ayuda médica, no se la dan. O sea, no le dan seguimiento a cualquier condición que tenga de cáncer, a una operación, a una enfermedad que se le debe tratamiento prolongado”, destacó el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos en Puerto Rico, José Rodríguez.

En cuanto a la educación, Rodríguez resaltó que a pesar de que en Puerto Rico se ofrece un sistema de enseñanza gratuito y accesible, la falta de documentación puede afectar la inscripción de estudiantes desde el más bajo grado escolar hasta la universidad.

“Hay escuelas que les piden documentos a los padres para poder inscribir a los niños y a veces les niegan la inscripción, pero cuando llegan al cuarto año -que ya se hizo una inversión con esos jóvenes- no califican para estudiar en ninguna universidad, a diferencia de otros estados que sí tienen fondos para esa población”, aseguró.

Otro de los retos que impiden a los integrantes de la comunidad dominicana tener una mejor calidad de vida es la falta de acceso a viviendas de alquiler o a programas federales, como Sección 8.

“Hay una crisis en la población que está demandando el servicio de vivienda y no hay, no aparece. En el caso de la comunidad inmigrante todavía es mucho más difícil para poder acceder a vivienda de bajo costo y… digna”, señaló la directora ejecutiva del Centro de la Mujer Dominicana, Romelinda Grullón.

En busca de soluciones

Para manejar estas problemáticas que afectan a la población dominicana, los expertos mencionaron que se deben trabajar aspectos de política pública en conjunto con las comunidades e instituciones en general.

“Nunca en la historia de Puerto Rico, ningún gobernador y ningún funcionario ha solicitado ayuda federal o estatal para estas personas. No hay una política pública”, denunció Rodríguez a la vez que reclamaba la necesidad e importancia de que los Fondos 330, dirigidos a las personas que no tienen seguro médico, se pongan en acción.

Asimismo, el experto en temas de salud de inmigrantes, doctor Mario Paulino, enfatizó que “se debe hacer un tipo de clínicas satelitales para que esas personas puedan recibir cirugías, estudios y recibir atenciones con un pago relativamente módico” en conjunto con las universidades, institutos y escuelas de salud en la Isla.

Del mismo modo, la directora ejecutiva del Centro para la Mujer Dominicana insistió en la necesidad de que se presente una nueva reforma migratoria.

Según el censo de 2020, se estimó que en el País viven unos 54,497 dominicanos. Sin embargo, los líderes estimaron que actualmente ese número asciende a cerca de 200,000. A la vez que estiman en cerca de 40 la cantidad de personas desembarcando a la semana en las costas puertorriqueñas.

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